El constante incremento del precio del diésel bajo el sistema de bandas vuelve a encender las alertas en el sector del transporte de carga pesada. Los transportistas advierten que el aumento sostenido del combustible está deteriorando la rentabilidad de la actividad y plantean la necesidad de implementar una metodología técnica que permita actualizar las tarifas de manera automática, de acuerdo con la evolución de los costos operativos.
El combustible constituye el principal componente de la estructura de costos del transporte de carga en Ecuador. Según estimaciones del sector, representa entre el 45 % y el 50 % de los gastos operativos de una unidad, por lo que cada incremento en el precio del diésel impacta directamente en el costo del servicio.
Desde 2019 hasta julio de 2026, el precio del diésel ha registrado un incremento acumulado superior al 300 %, situación que ha reducido el margen operativo de las empresas transportistas.
Sin embargo, ese aumento no ha podido trasladarse de manera proporcional a las tarifas que pagan los generadores de carga, generando un desfase entre los costos reales de operación y los ingresos del sector.
A este escenario se suma la incertidumbre sobre la evolución del precio del combustible. De acuerdo con la información publicada por Petroecuador al 12 de julio de 2026, el subsidio al diésel aún asciende a USD 1,60 por galón, lo que evidencia que, mientras se mantenga el esquema de bandas, podrían producirse nuevos incrementos.
Para el sector, esta situación dificulta la planificación financiera, limita las inversiones en la renovación de flota y reduce la competitividad de las empresas dedicadas al transporte de mercancías, una actividad estratégica para el abastecimiento de la industria, el comercio y la producción nacional.
Frente a esta realidad, los transportistas consideran indispensable implementar una metodología oficial para la determinación de las tarifas del transporte de carga pesada, sustentada en una estructura técnica de costos y en mecanismos automáticos de actualización que reflejen la variación de factores como el precio del diésel.
La propuesta busca establecer un sistema transparente, objetivo y predecible que beneficie tanto a las empresas transportistas como a los generadores de carga, evitando que las tarifas dependan únicamente de negociaciones comerciales y permitiendo que la evolución de los costos operativos se refleje oportunamente en el valor del servicio.
El sector sostiene que una regulación de este tipo contribuiría a fortalecer la formalización de la actividad, mejorar la competitividad de la cadena logística y generar condiciones de mayor estabilidad para uno de los pilares del aparato productivo ecuatoriano. Asimismo, considera que el respaldo del Gobierno Nacional será determinante para impulsar este mecanismo.
El transporte de carga pesada no recibe compensación económica
Las principales organizaciones del transporte de carga pesada del país, entre ellas la Federación Nacional de Transporte Pesado, la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, la Cámara Ecuatoriana del Transporte Pesado, la Unión de Transporte Pesado del Ecuador, la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera y la Corporación de Operadoras de Transporte Pesado Terrestre, reaccionaron a un reciente comunicado del Gobierno Nacional en el que se señala que el transporte cuenta con un mecanismo de compensación económica.
A través de un pronunciamiento, el Comité Nacional de Gremios de Transporte de Carga Pesada del Ecuador aclaró que dicha afirmación no corresponde a la realidad del sector.
“El transporte comercial de carga pesada no recibe ningún mecanismo de compensación económica por parte del Estado. En consecuencia, el sector asume directamente los incrementos en el precio del diésel derivados del sistema de bandas, situación que ha elevado significativamente sus costos de operación”, señala el documento.
El Comité precisa que el mecanismo de compensación al que hace referencia el Gobierno Nacional se aplica exclusivamente al servicio público y comercial de taxis, camionetas y triciclos, por lo que el transporte comercial de carga pesada no forma parte de ese beneficio.
Según el gremio, esta aclaración es necesaria para evitar interpretaciones erróneas en la relación entre los generadores de carga y las empresas transportistas.
“Persiste la percepción equivocada de que el sector recibe un subsidio o una compensación que reduce sus costos operativos. Esta interpretación no corresponde a la realidad”, enfatiza el comunicado.
Los representantes del transporte pesado reiteran que las empresas continúan absorbiendo el incremento del precio del diésel, razón por la cual consideran indispensable avanzar en la implementación de una metodología técnica, objetiva y transparente para la actualización tarifaria, que permita reflejar oportunamente las variaciones de los costos operativos y garantizar la sostenibilidad del servicio.
Finalmente, el Comité señala que una información precisa fortalece la transparencia, genera confianza entre los actores de la cadena logística y contribuye a consolidar un transporte de carga más competitivo, formal y sostenible para el Ecuador.
