La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0170 de 2026, fechado el 20 de febrero y publicado el 23 de febrero, mediante el cual impone un arancel del 30% a productos ecuatorianos y establece restricciones al ingreso terrestre de mercancías, en respuesta a la “tasa de seguridad” del 30% aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas desde el pasado 21 de enero.
Arancel recíproco del 30%
El decreto establece un arancel recíproco del 30% ad valorem a 23 partidas arancelarias, que abarcan 73 subpartidas, todas originarias de Ecuador. Según el Ejecutivo colombiano, la medida busca contrarrestar el impacto generado por el gravamen ecuatoriano sobre sus exportaciones y restablecer condiciones de competencia.
Restricciones al ingreso terrestre
Además del arancel, Colombia restringe el ingreso por vía terrestre a través de los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís para determinados productos agropecuarios, entre ellos arroz y varios productos frescos. La decisión, según el decreto, se fundamenta en la protección de la seguridad nacional, la producción agrícola y la sanidad vegetal.
En la misma línea, se prohíbe el ingreso terrestre de mercancías utilizadas en la producción de fentanilo, como parte de los controles frente al tráfico de drogas sintéticas.
Sanciones sin posibilidad de legalización
El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la aprehensión de mercancías y a la imposición de sanciones, sin opción de legalización o reembarque, endureciendo el control aduanero en la frontera.
Sustento jurídico internacional
El Gobierno colombiano fundamenta su decisión en el artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994), específicamente en el inciso b) literal iii), que permite adoptar medidas en contextos de “grave tensión internacional”.
Asimismo, invoca el Acuerdo de Cartagena, marco normativo de la Comunidad Andina, argumentando que la tasa aplicada por Ecuador ha tensionado gravemente la relación bilateral y afectado a los exportadores colombianos.
El decreto también cita el precedente del caso “Rusia – Tráfico en Tránsito” (WT/DS512/R), en el cual un panel de la OMC reconoció que los “intereses esenciales de seguridad” pueden variar según la percepción y circunstancias de cada Estado.
Empresarios alertan impacto “mortal”
Desde el sector productivo y del transporte, la preocupación es evidente. Nelson Chávez, presidente de la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador, fue contundente: “El impacto del 30% es mortal. Tenemos confianza en que esto se solucionará muy pronto; caso contrario, habrá presión social en las fronteras que con seguridad obligará a los dos gobiernos a sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo común”.
Chávez recordó que en cualquier negocio una utilidad del 8% o 9% es considerada saludable, pero con un arancel del 30% “se acabó el negocio”.
Además, advirtió que frente al reciente acercamiento comercial entre Colombia, Venezuela y Perú, Ecuador podría quedar aislado. “No se olvide que Venezuela está reaccionando económicamente bien y pensamos que Colombia girará su balanza comercial hacia ese país para llevar sus productos y reactivar su transporte”, sostuvo.
Por su parte, Carlos Cueva, dirigente empresarial y presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), señaló que el transporte terrestre es uno de los sectores más golpeados. “Las exportaciones prácticamente no están entrando a Colombia. Yo diría que han bajado casi por completo. El transporte terrestre ni marítimo ya no tenemos hacia Colombia. El gran problema es el arancel del 30%”, afirmó.
Cueva recordó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador bordea los 2.800 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.000 millones corresponden a exportaciones ecuatorianas. “Es un golpe muy duro”, dijo en tono preocupado.
El Decreto 0170 de 2026 entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, marcando un nuevo capítulo de tensión en el comercio bilateral andino, con efectos directos sobre exportadores, transportistas y economías fronterizas.
