‘Revisión de tarifas tiene una base técnica y no política’

Ab. Abel Gómez, presidente de la Fenacotip. Ab. Abel Gómez, presidente de la Fenacotip.

El Ab. Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, define la revisión tarifaria de la transportación interprovincial mediante un estudio sustentado.

En la sala de sesiones de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Intra e Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip), ubicada en el casco colonial de Quito, nos recibe Abel Gómez, el presidente de esta institución, con quien la revista TRANSPORTE &Acelerando conversó sobre los aspectos trascendentales por los cuales atraviesa este importante sector de la transportación ecuatoriana.

Sobre el tema de revisión de tarifas, Gómez asegura que debe existir un debate serio a escala nacional donde estén representados todos los actores de la transportación, en todas sus modalidades, además de los funcionarios públicos encargados de regular al sector.

“Nosotros con la experiencia del diario vivir en la transportación y las autoridades con su conocimiento de las leyes y reglamentos podemos dar soluciones coherentes a este importante tema, ya que se trata de un pedido con sustento técnico, producto de estudios realizados y no de una solicitud arbitraria de tinte político. La revisión de las tarifas de transporte es una realidad, que el país no puede desconocer y las autoridades negar, tiene una base técnica y no política; por lo tanto, tiene que entrar en discusión ya”, asegura el abogado Gómez.

“Las exigencias que el transporte tiene en la actualidad son mucho mayores que las de antes. Y lógicamente toda exigencia amerita una nueva inversión”, sostiene el dirigente de origen manabita.

Este concepto está asociado al continuo incremento de los bienes vinculados con el quehacer de la transportación: llantas, lubricantes, repuestos, accesorios, fabricacion de carrocerías, entre otros rubros.

“Las autoridades ya analizaron nuestro estudio que entregamos al EMTOP, donde ya se reconoce la necesidad de revisar las variantes que sostienen el negocio del transporte y como conclusión aceptan que tiene que haber una revisión urgente. De esta manera queda demostrado que el pedido de la revisión tarifaria tiene un sustento a más de técnico, justo, que no se puede rechazar, pero falta voluntad política. Como toda alza de tarifas trae un costo político, entendemos esa parte; pero este tema es netamente económico y se ve reflejado en la falta de ingreso para sostener la actividad”, resalta el presidente de la Fenacotip.

“La revisión tarifaria no puede ser manejado políticamente, sino técnicamente, tal como la Fenacotip ya lo ha demostrado”, enfatiza el dirigente.

En otro aspecto importante para la transportación interprovincial, Gómez defiende la permanencia de esta actividad dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y no está de acuerdo con que se la traspase y que esta actividad sea regulada por la Ley de Compañías que la Asamblea Nacional está socializando en la actualidad.

“El cooperativismo es muy importante en nuestro país y mucho más en el sector de la transportación. Dentro del cooperativismo damos más importancia al ser humano que al capital y esto va de la mano con la propia Constitución. En algunos discursos de nuestro Presidente Rafael Correa expresa siempre que el ser humano está por encima del capital financiero. Las cooperativas son sociedades de personas y las compañías son sociedades de capitales”, dice Gómez.

El presidente de la Fenacotip pone de ejemplo a países como Brasil, Uruguay, Perú y Argentina que también manejaron el sector del transporte como cooperativas.

“Y ahora aplican nuevos modelos de transporte en compañías. Hay que preguntarse ¿en manos de quiénes están el servicio? de unos pocos, sin duda”, reitera.

“Todos queremos brindar un mejor servicio y modernizar nuestros modelos de organización, pero no lo podemos hacer mediante la promulgación de leyes y reglamentos, sino mediante la participación activa de los transportistas, la ciudadanía y las autoridades”, asegura.

“Las cooperativas de transporte se pueden convertir en la gran empresa, pero esto es un proceso paulatino que amerita la participación del Estado y de las propias empresas con la voluntad férrea de querer hacer de este gran sector la participación de todas y todos  y no sacrificar a muchos para favorecer a pocos”. Para el transportista es preocupante, primero nos involucran en la Ley de Economía Popular y Solidaria, la aceptamos, cumplimos con sus normas y reglamentos, nos capacitamos para entenderla y llevar nuestros negocios enmarcados en ella. Y ahora las autoridades pretenden que nos cambiemos de marco jurídico y entremos en un terreno aún desconocido para el gremio, en lugar de aprovechar la ley que ya tenemos y optimizarla para beneficio de todos: el usuario, el transportista y el mismo Estado”, sostiene.

Finalmente, Gómez afirma que “la actividad de su gremio se basa administrativamente en la Ley de Economía Popular y Solidaria, mientras que operativamente está sujeta a la Ley de Tránsito, y que por la tanto sus respectivas reglamentaciones deben apuntar a la parte operativa del negocio y repotenciarla con la socialización del nuevo modelo de gestión que ya la Ley de Tránsito actual nos impone”.

“El Estado tiene que reconocer que tras el volante de una unidad interprovincial está un padre de familia, un ser humano que quiere sacar a los suyos adelante y para ello cuenta con su herramienta de trabajo y su sustento, por eso se pide a la sociedad en general que tome en cuenta este hecho a la hora de analizar a este gran sector que da movilidad al país”, sentencia.